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LA HISTORIA COMENZÓ EN JUNIO de 2015 cuando Pedro Ignacio Rico Cantera, técnico de mantenimiento de carpintería del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y delegado sindical de ELA, cortó una pizarra para adaptarla a la pared. En ese momento, nació la sospecha. En septiembre de 2015, la sospecha se convirtió en duda razonable cuando tocó repetir la operación. El técnico se puso “tiquismiquis”, según decía la administración, porque aparentemente la pizarra tenía una capa de fibrocemento y podía ser cancerígena.
Había que comprobar si tenía razón. Eso requería mandar a analizar algún resto de la pizarra. El Ayuntamiento se hizo cargo y, una vez que se consiguió enviar a un laboratorio, se conoció el primer resultado. La primera analítica de los restos de la pizarra fue positiva en crisolito al 10%. Para verificar los resultados, OSALAN -Servicio de Prevención Vasco- realizó un segundo análisis con resultados positivos.
Estos apuntaban a que era una mezcla de cemento con amianto blanco crisolito en una proporción de entre un 10-15 %. Su presentación más común es en forma de fibrocemento, lo que hace que sea un material no friable. Que no sea friable quiere decir que no puede ser disgregado manualmente, es decir, que solo puede desprenderse en fibras mediante herramientas como sierras, cortadoras eléctricas, etc.
En este momento, las pizarras localizadas se situaban en cuatro centros de Vitoria-Gasteiz. En diciembre de 2015, OSALAN, el Organismo de Prevención de la Salud para los trabajadores de Euskadi, junto con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, organizaron una serie de reuniones para notificar la existencia de este problema y ser lo más transparentes posible ante esta circunstancia. Se insistió en que nunca había habido ningún peligro para los alumnos y alumnas de los centros escolares; y en que, por otro lado, había que buscar si existían más pizarras que pudieran tener estas características en todos los centros escolares públicos, privados e, incluso, otro tipos de centros donde hubiera sido práctica habitual tener encerados por motivos de enseñanza (academias, autoescuelas…).
Lo más reseñable era la urgencia de contactar con los trabajadores que hubieran manipulado estas pizarras para ponerles en conocimiento sus riesgos y la conveniencia de ser revisados de manera radiológica y que pasaran a formar parte de los trabajadores con riesgo de enfermedades derivadas del contacto con amianto.
A día de hoy, se ha seguido haciendo una búsqueda específica de las pizarras, que se han encontrado en algunos centros más, incluso apiladas en algún almacén
La mayor pretensión de la administración era hacer una revisión de los centros en los que pudieran encontrarse dichas pizarras y proceder a su sustitución por las vías adecuadas de seguridad, es decir, por las empresas habilitadas para este tipo de tareas. El número de pizarras que se estimaba de todos los centros públicos podía rondar las 13.000.
El Departamento de Educación nos informó a los sindicatos de cuáles habían sido los avances en relación a las pizarras con amianto. Y en marzo de 2015 supimos que había unos 4-5 centros en Bizkaia y otros tantos en Gipuzkoa en los que se localizaban estos elementos y que se habían ido sustituyendo de manera paulatina en cada centro en los momentos adecuados para no interrumpir las clases.
También se informó a los trabajadores en activo y a los trabajadores ya jubilados de las consecuencias de la posible manipulación de dichas pizarras. Pero en la inmensa mayoría de los casos no había constancia de manipulaciones con materiales específicos que favorecieran la fricción del material, sino de trabajos de mantenimiento mediante lijado y repintado.
Todos los trabajadores fueron informados de que sería objeto de una supervisión específica por parte de los servicios de prevención y que, una vez jubilados, el servicio de salud pertinente se encargaría de esos controles.
A día de hoy, se ha seguido haciendo una búsqueda específica de las pizarras, que se han encontrado en algunos centros más, incluso apiladas en algún almacén; y el Departamento de Educación sigue adelante con su compromiso de retirada y sustitución en caso necesario.
Es cierto que ha aparecido un centro prefabricado con una tejavana de fibrocemento recubierta con chapa –lo que entraba dentro de la legalidad cuando se hizo– pero, una vez denunciado, se procedió a su desalojo y a su próximo desmontaje.
Técnicos y conserjes han trabajado de forma constante con estas pizarras. En muchos casos, lo común ha sido la manipulación de estos encerados con taladros para ajustarlos a la pared y evitar que niños y niñas tuvieran la tentación de sacudirlos y hacer nubes de tizas. Pero lo que parece un juego se ha convertido en un riesgo para la salud de trabajadores y trabajadoras que no tenían ningún conocimiento de ello. Por eso, aquí toca repetir una y otra vez que con la salud no se juega.
Debemos seguir siendo rigurosos con este tipo de prácticas que ponen en peligro la salud de compañeros en los centros docentes y dar las gracias a Pedro y a tantos como él por ser tiquismiquis y perseverar en su denuncia hasta conseguir sacar al amianto fuera de las aulas.
